La independencia del Poder Judicial como pilar básico de las garantías del debido proceso y, por ende, de la vida en democracia, fue uno de los tópicos sobre los que hizo hincapié la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, quien disertó en Paraguay en el marco del III° Encuentro Interinstitucional y de Egresados de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica.

En su calidad de posdoctora en Derecho, Sbdar dio una conferencia titulada “El acceso a la jurisdicción: pilar de la vida en democracia”, la señora vocal subrayó la importancia del rol del Poder Judicial para contrarrestar el actual debilitamiento de los sistemas democráticos.

La vocal de la Corte hizo alusión al informe del año 2023 de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. “El ejercicio independiente de los jueces/as debe ser resguardado por el Estado tanto en su faceta institucional, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como con relación a la persona del juez/a o funcionario/a judicial específico. En momentos en los que el mundo se enfrenta a guerras, a la crisis climática, a niveles preocupantes de desigualdad, hay que concebir de manera diferente las instituciones y normas relativas a la justicia”, advirtió. 

Luego, agregó: “Son muchos los desafíos a los que se enfrenta la independencia judicial, amenazada por la autocratización y decadencia democrática, así como por los riesgos que traen aparejadas las nuevas tecnologías digitales. Allí aparecen la desinformación, cuyo alcance e impacto puede tener graves consecuencias negativas para los derechos humanos o las agresiones en línea contra jueces/as en represalia por sus actividades profesionales”. 

“Y en orden a la inteligencia artificial, si bien tiene un interés inherente para el Poder Judicial y, de hecho, muchos sistemas judiciales de todo el mundo la están adoptando para diversos fines y actividades, la toma de decisiones algorítmica conlleva promesas y peligros para el Estado de derecho. Es importante desentrañar las condiciones en que su uso puede ajustarse al derecho de los derechos humanos y podría favorecer el acceso a la justicia”, dijo.

El rol del Poder Judicial, explicó Sbdar, se sustenta en el acceso efectivo a la jurisdicción, es decir, “la posibilidad de toda persona de acudir a los tribunales en busca de una respuesta cuando su derecho ha sido vulnerado; en la dimensión constitucional del proceso judicial que implica el derecho a ser oído/a con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley; en el rol de los jueces y juezas en un Estado constitucional de derecho quienes, a la aplicación de las normas, incorporaron la interpretación y ponderación de principios y valores tales como la proporcionalidad y la razonabilidad para determinar su preeminencia en el caso concreto, y en las tutelas procesales diferenciadas, esto es, tipos de procesos regidos por reglas propias y flexibles que se adapten a las circunstancias especiales de la causa cuando se vean afectados derechos esenciales de las personas que por su complejidad o su urgencia requieran un tratamiento distinto”. 

Sbdar hizo especial referencia a la tutela judicial efectiva del ambiente y al reto que enfrenta el derecho ambiental de lograr el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la actividad productiva del hombre. “El Estado debe garantizar el acceso a la justicia ambiental y a un proceso colectivo idóneo para dar una respuesta cabal a las particularidades que presenta el derecho a un ambiente sano. Además, ese proceso debe estar dirigido por jueces/as protagónicos/as, protectores/as, interesados/as como habitantes del mundo, caracterizado, entre otras notas, por la flexibilidad en materia de prueba y recursiva, y los efectos expansivos de la sentencia a todos los que se encuentran en idéntica situación que los actores”, afirmó. 

Finalmente Sbdar insistió en la necesidad de preocuparse y ocuparse de los riesgos de la democracia en el mundo y, en ese contexto, poner en valor la importancia del derecho humano de acceso a la jurisdicción.